Desde el 7 de febrero de 2009, Bolivia es territorio laico de América. El artículo 4 de la actual Constitución precisa, por ejemplo, que “el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones”. De inmediato agrega que además “es independiente de la religión”.

Ese ha sido un paso histórico formidable para el país; aunque poco debatido, como muchos de los avances constitucionales asumidos en una accidentada Asamblea Constituyente, en la que jamás hubo deliberación a fondo.

En términos sencillos, un Estado laico es neutral frente a todas las religiones, es decir, no se identifica con ninguna. No es lo mismo, por supuesto, que un Estado ateo, que más bien las combate. Neutralidad quiere decir equidistancia, mirada respetuosa, llena de pudor.

Bajo el mandato de la Constitución, el Estado laico boliviano debería entonces abandonar sus tradicionales ropajes católicos, y los gobernantes necesitan disimular, cuando no esconder, sus oraciones íntimas.

En la medida en que no existe una religión apoyada por el Estado, no es admisible escolta militar en las procesiones, ministros comulgando en actos oficiales, crucifijos y biblias en los juramentos de autoridades designadas o acceso privilegiado de los obispos en los salones presidenciales. Cuando ocasionalmente se ha empezado a producir esta saludable separación de iglesia y Estado, algunos han alarmado a las audiencias, advirtiendo sobre un posible abandono de la fe. No se enteraron de lo que decía la Constitución.
Y es que en este detalle reciente descansa la viabilidad del Estado laico. No lo tendremos mientras no depongamos la costumbre de ver como normal el monopolio de un solo credo. De forma gradual, pero sostenida, habremos de aceptar que los seres humanos cultivamos distintos modos de manifestar nuestra espiritualidad y que ningún ritual o institución puede ser considerada como la única vía para hacerlo. Eso vale también para el pachamamismo consagrado entre 2006 y 2025.

Por esa misma razón, el artículo 86 de la Constitución define que “en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión”. Más adelante se habla del “respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática”.

Cuánto cuesta todavía que padres y madres entiendan que, aunque ellos sean católicos, sus hijos tienen derecho a ampliar sus horizontes y decidir en conciencia, qué fe se acomoda más a sus vivencias y necesidades.

Un Estado laico no puede reemplazar a las iglesias en su labor proselitista, por eso la materia de religión en las aulas escolares también debe permanecer neutral. Y así, en la medida en que la religión se repliega al plano individual y se transforma en un asunto de conciencia de cada uno, las iglesias podrían dejar de pensarse como factor de poder político.

Hasta ahí habíamos llegado cuando de pronto, tras una elección en la que venció nada menos que el Partido Demócrata Cristiano (PDC), dos tercios de los nuevos legisladores optaron por recolocar, ayer nomás, biblia y crucifijo en la mesita ante la cual se toman, desde ahora, los juramentos (ver foto).




¿No es acaso ese ritual ante la mesita (que, es verdad, ya no menciona a Dios en la invocación oral) un acto abiertamente inconstitucional?, ¿los símbolos católicos contradicen la Constitución que está puesta al lado?
La respuesta es Sí, no obstante, hay un Pero.

Lo que salta a la vista es que la declaratoria de Bolivia como estado laico jamás fue una demanda ciudadana ni siquiera un planteamiento programático de nadie. Cuando aprobamos la constitución en 2009 y la ratificamos plenamente en 2016, el asunto no entró jamás en debate. Nadie le da bola al asunto.

Así, el estado, en su intimidad, se declaró laico, pero nadie más lo sabe ni promueve. Estamos ante la verdadera letra muerta de la Carta Magna.